El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Yván Lorenzo, calificó como un “fraude procesal” el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en el que se basó el Ministerio Público para presentar acusación contra los imputados del caso Calamar.
El dirigente dijo, que debido a que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 382-25 el 14 de julio del 2025, que cuatro años después de los «Informes» rendidos por la Unidad Antifraude, crea en su artículo 1, la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, por lo que al momento de realizar las investigaciones, no existía y en consecuencia sus «trabajos» no existen legalmente.
«No solamente hicieron fraudes para comprar la reelección, también se hicieron fraudes procesales A la mayoría de mis compañeros que se le habían aplicado auditoría estaban limpias y crearon la Unidad Antifraude sin haberse creado un decreto y en el 2025 es donde se crea dicha Unidad Antifraude», expresó el dirigente político.
Asimismo dijo, que la acusación del caso Calamar se depositó un día ante de las elecciones «porque todo eso estaba orquestado y planificado».
Por otra Lorenzo afirmó, que el decreto 382-25 se encontraba en funcionamiento y más adelante designaron un nuevo titular sin crear la Unidad Antifraude.
«Los informes financieros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023 de la unidad antifraude, creada el 14 de junio de 2025 mediante el Decreto 382-25, la cual, paradójicamente, ya tenía designado un encargado desde el 7 de febrero de 2023, mediante el Decreto 27-23», sostuvo.
Se recuerda que entre los imputados en el caso Calamar figuran los exministros de la Presidencia, Hacienda y Obras Públicas, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo.
La jueza Ramírez recesó la audiencia a principios de diciembre pasado por motivo de salud del exsenador Rafael Calderón.
El proceso judicial reiniciará este viernes con la presentación de la defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo a partir de las 9:00 a. m.
Concluyeron hace meses su presentación el Ministerio Público, órgano que acusa a una treintena de personas de desfalco en perjuicio del Estado y de lavado de activos, presentación a la que siguieron las deposiciones de los querellantes, la mayoría de los cuales, tras retirar sus querellas, quienes dijeron que los contratos y operaciones de pago, eran conforme a la ley y que los fondos pagados a los lobistas eran propiedad de los dueños de las tierras, no del Estado.
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