JACQUELINE MORROBEL
SANTO DOMINGO, RD.- Solicitan este miércoles a la Cámara de Diputados la celebración de vistas públicas sobre el contrato entre la multinacional estadounidense APACHE Corporation y el Estado dominicano para explorar y explotar hidrocarburos en uno de los bloques de la cuenca marítima de San Pedro de Macorís.
El pedido fue hecho por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), quien recordó que la introducción del mismo fue hecha al Congreso Nacional fuera recientemente y anunciada por el ministro Energía y Minas, Antonio Isa Conde.
Los dirigentes del CNLCC que suscriben la carta y que ofrecieron declaraciones a la prensa esta mañana son José René Salazar, Héctor Turbí, David Montes de Oca, Euren Cuevas, Ingrid Paulino, Inocencio Rodríguez y Enrique de León.
Enrique de León, junto a otros miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, depositó en la mañana de hoy una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho.
Explicó que la entidad plantea que el pueblo dominicano tiene derecho a ser escuchado y a decidir sobre el destino de sus recursos naturales, sobre el tipo de economía que debe prevalecer, sobre el uso del suelo y del subsuelo, y sobre aspectos que vulneran y ponen en peligro la soberanía nacional.
Afirma en su misiva que el contrato de la multinacional APACHE Corporation compromete gravemente recursos naturales y al medio ambiente por la forma cómo serán explotados estos recursos, y desconoce la legislación tributaria del país.
“Antes que nada el Congreso Nacional debe examinar la legitimidad y la legalidad del resultado de la licitación en la que se ofertó este modelo de contrato que contiene concesiones onerosas al interés y a la soberanía nacional y contrarias a la Ley 11-92 sobre Código Tributario”, manifestó.
Explicó que ahora se pretende que el Congreso Nacional le otorgue este contrato a la única empresa que participó en la licitación celebrada el 27 de noviembre pasado, en Houston, Texas, EUA, en vez de haberla declarado desierta “como lo dicta el apego a la transparencia y a las buenas prácticas”.
Señaló que la sociedad dominicana debe discutir y decidir antes de que se firme este contrato con APACHE Corporation o con cualquier otra petrolera, “si está de acuerdo o no con permitir la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio y en las aguas marítimas de la República”.
Advirtió que la actividad de extracción de fósiles como el petróleo y el gas natural, causan grandes y catastróficos impactos en el medio ambiente y sobre el terreno que la hace incompatible con otras actividades importantes para la vida de la población y la economía nacional como son la agropecuaria y el turismo, “especialmente en una frágil plataforma insular como la nuestra”.
Argumenta el colectivo en su carta que la decisión de introducir en el país la industria de extracción de petróleo y de gas natural que conlleva el contrato de APACHE Corporation, “ameritaría por su transcendencia, por los riesgos que supone y por ser explícitamente contraria a la descarbonización de la economía nacional que ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, que finalmente se convoque un referendo bajo el amparo del artículo 210 de la Constitución de la República, para que la nación adopte, mediante el voto directo y universal, una posición definitiva al respecto”.
Aclaró que el contrato de APACHE Corporation amparará una actividad que generará una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuirá al calentamiento global y al cambio climático que es la principal amenaza contra la sobrevivencia del país y la de todo el planeta.
Recordó que, el Caribe es una de las tres regiones más vulnerables del planeta a los efectos extremos del cambio climático como ha sido comprobado por los huracanes categoría “infierno”, como los ha catalogado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que en los últimos años han asolado a Dominica, Puerto Rico y Las Bahamas, y por la implacable y larga sequía que recientemente afectó al país.
También indicó que este contrato impedirá que la República Dominicana cumpla con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático suscrito en diciembre de 2015 y ratificado por la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2017, y específicamente cumplir con el compromiso de reducir en un 25% las emisiones totales del país de estos gases al año 2030.
“La sociedad dominicana, tanto el pueblo llano como los principales actores económicos, tiene el derecho de debatir y de ser escuchada por los legisladores sobre la conveniencia de otorgar millonarios subsidios de dólares durante 20 ó 30 años a una multinacional para que explote fósiles extremadamente contaminantes, cuando disponemos de abundantes fuentes renovables de energía, como el sol, el viento y el agua, sin ningún impacto negativo sobre el medio ambiente ni en la salud de las personas, y a costos inmensamente mucho más bajos”, dice en su misiva el CNLCC.
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