El magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), sostuvo que “una sentencia que se basta a sí misma es la mejor defensa del juez que la redacta o pronuncia”.
Ortega Polanco dijo que, aunque ya el juez no solo habla por sentencia, esta debe ser el medio de expresión idóneo del juzgador, por lo que debe estar escrita en lenguaje claro, sencillo y comprensible para la ciudadanía con ilustración básica.
Al dirigirse ante 86 juzgadores/as de distintas jurisdicciones durante el relanzamiento del programa de Portavoces del Poder Judicial, el también presidente de la Comisión Ejecutiva de Comunicación e Imagen Institucional de este poder del Estado indicó que la crítica es un ejercicio de control ciudadano, de transparencia y rendición de cuentas.
“Podríamos aceptar que, hasta un punto en el tiempo, esa verdad era suficiente: que el portavoz del juez fuera su sentencia, en el entendido de que la crítica viene con el cargo y que a quien no le guste que lo critiquen, que no sea juez”, aseguró.
Programa de Portavoces
Durante el relanzamiento del Programa de Portavoces fueron entrenados con herramientas de la comunicación 86 jueces y juezas, con el objetivo de capacitar voces que representen a este Poder del Estado con integridad, ética y que comulguen con su visión y valores institucionales.
Los jueces y juezas que integran el Programa de Vocería participaron de un taller organizado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), impartido por los facilitadores Lissette Selman, José Lora y Roselyn Sánchez, expertos en el área de la comunicación y manejo de emociones
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El nuevo perfil de portavoz del Poder Judicial está pensado para responder a los desafíos actuales de la comunicación pública y a los desafíos de comunicación que enfrenta el Poder Judicial.
El Programa de Portavoces es dirigido por la Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la institución, con el que se busca fortalecer el vínculo entre la población y el sistema de justicia al tiempo que contribuye a consolidad la confianza pública y la reputación institucional.
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