Cotuí. El representante comunitario Martín Guzmán destacó la relevancia del acuerdo histórico entre la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, el Gobierno dominicano y seis comunidades de Cotuí, resaltando que, aunque complejo, este permitió construir una base de garantías colectivas e institucionales.
El pacto, suscrito por 23 líderes comunitarios tras seis meses de trabajo, formaliza el reasentamiento planificado de las comunidades de El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas, e incluye compensaciones justas, obras sociales prioritarias y un sistema de seguimiento permanente.
La firma del acuerdo contó con la participación activa de los representantes comunitarios, debidamente identificados por cada localidad. Por El Rayo firmaron Martín Guzmán, Ramiro Gálvez Polanco, Ramón Belén Fabián y Julio Villanueva. En representación de El Naranjo firmaron Rafael Fabián Bautista, Bladimir Morillo Tejada y Mercedes Fabián. Por El Higo participaron Pedro Suárez Paulino y Patricio Mendoza Paulino. Desde Las Tres Bocas suscribieron el acuerdo Rumardo Rosario Cruz, Fausto Sarante Reinoso, Manuel Emilio Severino Hernández y Miguel Antonio Luna. En nombre de Arroyo Vuelta firmaron Cirilo Vásquez Bautista, Santa Tejada Moreno y Benito Manzueta Gil. Y por la comunidad de Lajas participaron Antonio Manzueta Reinoso y Matilde Manzueta Sosa.
Los comunitarios destacaron que estas firmas se realizaron de manera libre y voluntaria, en presencia del Ministerio de Energía y Minas, el Obispado de La Vega y la Defensoría del Pueblo, como parte del compromiso de transparencia y legalidad del proceso.
Desde el inicio del proceso, los líderes comunitarios desempeñaron un rol central en la construcción de una salida dialogada que evitara una escalada de tensiones. Manuel Severino explicó que se trabajó para lograr un resultado que fuera lo menos lesivo posible, comprendiendo que era necesario alcanzar un acuerdo, aunque no perfecto, para evitar que las comunidades quedaran sin garantías.
Martín Guzmán, por su parte, resaltó que el acuerdo colectivo representa un paso importante, pero que ahora inicia una etapa clave de implementación individual, que requiere acompañamiento continuo y una institucionalidad estable. Ambos comunitarios coincidieron en que el Ministerio de Energía y Minas mostró compromiso real con el proceso, y señalaron que la continuidad de ese respaldo no debe depender de nombres propios, sino de estructuras permanentes que aseguren el cumplimiento del acuerdo. En esa línea, valoraron el rol del Defensor del Pueblo y del Obispo de La Vega, monseñor Carlos Morel Diplán, como garantes morales e institucionales de un proceso construido sobre la base de la confianza y el respeto mutuo.
Durante las negociaciones, los líderes comunitarios priorizaron el consenso como vía para alcanzar soluciones sostenibles. Aunque el camino implicó sacrificios, se lograron mejoras significativas respecto a las propuestas iniciales, fortaleciendo las bases para una transición más digna.
Logros con el acuerdo
El acuerdo incluye compensaciones económicas duplicadas, respecto a las ofertas originales, y contempla la ejecución de obras sociales como un cementerio, un destacamento de seguridad y espacios públicos. También incorpora garantías ambientales orientadas a proteger fuentes de agua y asegurar el acceso a servicios básicos en las nuevas localidades.
Un aspecto esencial del acuerdo es la creación de una oficina de seguimiento comunitario con presencia permanente en Arroyo Vuelta. Esta oficina permitirá acompañar cada fase de implementación y asegurar la continuidad institucional, independientemente de los cambios administrativos futuros. El proceso será acompañado por el Obispado de La Vega, la Defensoría del Pueblo y otros actores de la sociedad civil.
El proceso, que inició en un contexto de incertidumbre, ha derivado en un acuerdo que establece mecanismos formales para el diálogo, la reubicación y el seguimiento institucional. Las comunidades firmantes han expresado su decisión de mantenerse activas en la etapa de implementación, dando seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes involucradas.
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