MADRID.- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió hoy a un juzgado de Madrid para declarar como investigada por un presunto tráfico de influencias en relación a contratos adjudicados a un empresario vinculado a un máster en el que ella participó.
Gómez accedió a la sede judicial en coche por el garaje por motivos de seguridad y en medio de una gran expectación mediática.
Un fuerte cordón de seguridad, con más de una decena de furgones antidisturbios, vigila la zona, donde se manifiesta un grupo de personas con una bandera de España y una pancarta en la que se lee «Pedro Sánchez a prisión».
El juez Juan Carlos Peinado investiga a Gómez en el marco de una causa abierta tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias -cuyo fundador está ligado a la ultraderecha- por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a una serie de adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster que ella codirigía.
A su denuncia se unió la querella de la asociación ultracatólica Hazte Oír, también por tráfico de influencias, donde pedía investigar si Gómez se prevalió de su relación con el presidente del Gobierno para «establecer relaciones comerciales y profesionales con diversas empresas y entidades» o si ofreció o ejerció su influencia en «la concesión de subvenciones y ayudas públicas».
Otras acusaciones personadas en la causa, como el ultraderechista Vox, también denunciaron hechos como la presunta apropiación de un software para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía. Precisamente horas después de Begoña Gómez está citado como testigo el rector de esta universidad, Joaquín Goyache.
El juez, que envió varios de los contratos investigados a la Fiscalía Europea por estar financiados con fondos comunitarios, puso recientemente el foco en otros expedientes adjudicados por Red.es, el Ayuntamiento de Madrid y el Centro Superior de Deportes (CSD).
Y mantiene asimismo su interés en investigar el rescate del Gobierno a la compañía Air Europa en 2020, algo que también denunciaban algunas acusaciones. (Agencia).
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