Santo Domingo, RD. – El abogado electoralista y catedrático Denny Díaz Mordán propone que sea modificada la actual Ley de Actos del Estado Civil con miras a que solo puedan acceder a los registros o actas del Estado Civil los titulares de dichos registros y las personas con interés calificado para ello, tales como los padres de los inscritos en el caso de nacimientos; esposos en caso de matrimonios o los apoderados especiales por el titular del registro.
Díaz Mordán detalló a la Comisión Especial del Senado de la República, encargada de evaluar las propuestas para seleccionar a los miembros titulares y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE) para el período 2024-2028, que hoy día cualquier persona puede acceder a las actas de nacimiento porque la ley así lo permite.
“Nosotros debemos regular esto, que un tercero no pueda acceder a mis datos porque ahí empieza el fraude”.
El actual consultor jurídico de la JCE, área que ha presentado notables avances institucionales tanto en materia contenciosa-electoral como de servicios a la ciudadanía, explicó que de ser seleccionado como miembro titular propondría al pleno del órgano una reunión con los partidos políticos, con el sistema de partidos y con el liderazgo nacional, para trazar una hoja de ruta que los lleve hasta el 2032, a fin de acometer las responsabilidades que encomendó la Asamblea Nacional, a través de la reforma constitucional que está pendiente de proclamación.
“Y allí se trazaría entonces esa hoja de ruta para poder ejecutar los retos hacia 2028 y los retos hacia 2032, allí no hay decisiones unipersonales, allí hay decisiones que se plantean en el pleno, se discuten, se aprueban y se ejecutan”, expresó Díaz Mordán.
El aspirante a miembro titular de la JCE indicó que propondría al pleno tratar de socializar la posible reforma a la actual ley para restringir la posibilidad de acceso a los datos del registro civil.
Durante la entrevista señaló que es lamentable que la legislación actual permita que un tercero pueda obtener su acta de nacimiento sin ninguna restricción.
Aseguró que la protección de datos personales y la integridad del registro civil son fundamentales para mantener la confianza pública en el sistema electoral.
La idea de que las decisiones en la Junta Central Electoral deben ser colectivas y discutidas es para garantizar que todas las voces sean escuchadas y que se tomen decisiones informadas y equilibradas.
Importantes
En el transcurso de su entrevista, el especialista en derecho electoral y constitucional dijo que la modificación de la antigua ley 15-19, hoy convertida en 20-23, trajo como novedades, sobre todo para el proceso electoral, para la armonía entre los órganos que conviven en el sistema, la atribución de competencias para el TSE, a fin de que conozca de asuntos que antes eran decididos en el TSA desfigurando el contencioso electoral. Además, como novedades de la ley 20-23, indicó que está la eliminación del arrastre entre regidores y alcaldes, y vocales y directores municipales.
También, la tipificación y sanción de la violencia política contra la mujer como un crimen electoral.
Además, la consagración con una clarificación de sus funciones de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral, entre otras novedades que también introdujo la legislación.
Sobre la preferencia partidista
El entrevistado indicó que la Junta Central Electoral hoy día es el árbitro, no es jurisdicción. “Ya lo decía en el 2015 el Tribunal Constitucional, la antigua pertenencia o militancia política a un partido organizado no puede ser condición suficiente para descartar a una persona a que acceda inclusive a un órgano de jurisdicción especializada en materia electoral, lo propio, entonces, se traslada al ámbito de la Administración”.
Díaz Mordán precisó que el hombre es político por naturaleza. “Ahora, que yo sepa distinguir y discernir entre mi preferencia política y actuar con objetividad en el momento en que se me demande son dos cosas totalmente distintas”.
Consideró que el hecho de que una persona, por el solo hecho de haber pertenecido a una organización política, no puede ser razón suficiente para descartarlo del desempeño de funciones públicas.
Defensa
Díaz Mordán dijo que desde la instauración de equipos de digitalización, escaneo y transmisión de resultados (EDET) por parte de la JCE, hubo una reducción abismal de los litigios en comparación entre 2020 y el 2024.
En el 2020 de enero a agosto se dictaron 860 sentencias. Y en lo que va del 2024 el Tribunal Superior Electoral ha dictado aproximadamente 360 sentencias.
El especialista en materia electoral resaltó que hubo una reducción de más de un 50 por ciento de litigiosidad. Y al mismo tiempo aseguró que hay que continuar apostando a la tecnología de manera paulatina en el proceso electoral, siempre haciéndolo de la mano por los partidos y organizaciones políticas.
Esto es un indicativo de que la modernización del sistema electoral no solo es necesaria, sino que también puede llevar a una mayor transparencia y eficiencia.
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