SANTO DOMINGO. – Con una inversión de 300 mil euros, el Gobierno dominicano a través del Ministerio de Agricultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Cooperación Española, ejecutarán en siete provincias del suroeste dominicano un conjunto de políticas públicas para impulsar el desarrollo económico de los pequeños productores agrícolas y ganaderos de la zona.
Con el apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Proyecto para la construcción de políticas de desarrollo rural para la inclusión productiva y resiliente de pequeños productores impactará en una primera etapa a Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Elías Piña, San Juan de la Maguana y Azua, en un período de tres años, por su alto nivel de vulnerabilidad al cambio climático y otras problemáticas.
Al encabezar el acto, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, agradeció en nombre del presidente Luis Abinader al gobierno de España por el aporte para el desarrollo del proyecto, el cual va muy de la mano con los ejes gubernamentales para la reactivación de la economía en la República Dominicana.
Para la ejecución del proyecto la AECID y Cooperación Española realizaron una donación de 250 mil euros y los otros 50 mil fueron aportados por Agricultura.
En ese sentido, el embajador de España en el país, Alejandro Abellán García, destacó la importancia de las políticas públicas en favor del sector agrícola, al considerar que este, junto el turismo, es clave para garantizar el desarrollo económico y la seguridad alimentaria del país.
En la actividad, en la que se firmó un acuerdo para la ejecución de la iniciativa de desarrollo rural también participaron la viceministra de Cooperación Internacional del MEPyD, Olaya Dotel; y el viceministro de Extensión de Agricultura, José Miguel Cordero. La presentación estuvo a cargo del investigador José Caraballo.
El proyecto impactará a los pequeños y medianos productores, organizaciones, grupos y proyectos agropecuarios, extensionistas y técnicos rurales públicos y privados, familias de escasos recursos con explotaciones agrícolas vulnerables al cambio climático y población rural en general.
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