En el contexto del Covid-19, los dominicanos/as afectados por la Sentencia 168-13 y las políticas discriminatorias institucionalizadas no han podido ser beneficiarios directos de programas de salud y asistencia social, están siendo excluidos de la vacunación en su propio país por carecer del documento de identidad o estar sub-registrados en “libros especiales”, incrementando los riesgos de contagio y propagación del Covid-19 en sus comunidades.
En carta dirigida al Presidente Luis Abinader y depositada este lunes ante su despacho en el Palacio Nacional, la Plataforma Dominican@s por Derecho (DXD) presentó un balance del estado de situación del derecho a la nacionalidad de dominicanos descendientes de migrantes, al cumplirse siete años de la promulgación de la Ley 169-14, que ha resulta insuficiente para contrarrestar efectos negativos de la Sentencia 168- 13 del Tribunal Constitucional.
Las organizaciones de sociedad civil afirman que ambigüedad y mala aplicación administrativa, mezclando los procesos burocráticos, mantienen en el limbo jurídico a miles de dominicanos. Unas 7 mil 963 personas que aplicaron al registro especial para para la naturalización siguen a la espera de que se concrete la promesa de adquisición de la nacionalidad dominicana, transcurrido dos años de la obtención de una de las categorías migratorias.
De las 8 mil 962 registradas en el proceso planteado por el Estado Dominicano como alternativa víctimas de la Sentencia 168-13 no inscritas previamente en el registro civil, solo a 799 se les ha sido concedida la nacionalidad ( 749 por el Decreto 262-2020 en la administración del ex presidente Danilo Medina y otras 50 personas conforme al Decreto 297-21 emitido el pasado 31 abril), hasta la fecha no se ha establecido un mecanismo que materialice la entrega de documentación, ni la efectiva restitución de la nacionalidad dominicana, dejando al 90 por ciento de los participantes del proceso en un estado de indefinición.
Durante los últimos cinco años se han incrementado el número de sub-registros en la Junta Central Electoral, “Más de 15 mil personas nacidas antes del 2010, han sido inscritas de forma arbitraria en los Libros de Madres Extranjeras No Residentes, creados con el fin de segregar una población que ha sido desprotegida y despojada de uno de los derechos más sagrados, como es la nacionalidad”. La documentación que recibe proveniente de libros no reconocidos en la ley 659, sobre actos de la vida civil, no permite acceder la a cédula, ni abre la puerta a ningún otro derecho. Los dominicano/as indocumentados o sub-registrados están en situación o riesgo de apatridia, no viven bajo la protección del Estado de derecho, existen, pero en un limbo jurídico.
La Plataforma Dominican@s por Derecho reitera su disposición de diálogo y ofrece su expertis para superar las barreras que permita avanzar en una solución duradera y de una vez por todas lograr la restitución de la nacionalidad de miles de dominicanos.
DXD está integrada por organizaciones de sociedad civil y líderes que reivindican el derecho a la nacionalidad de dominicanos hijos de migrantes, afectados por la Sentencia 168-13. Componen la plataforma: Asociación Scalabriniana Al Servicio De La Movilidad Humana (ASCALA); Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO); Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA); Centro de Educación para el Desarrollo (CEDUCA); Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA); Movimiento Reconoci.do y el Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
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