Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), fue arrestado la noche de este miércoles durante una allanamiento a su vivienda.
Será trasladado a la Procuraduría General de la República en calidad de arrestado, luego de que miembros del Ministerio Público realizaran el allanamiento en su residencia.
El dato lo suministró Laura Acosta, abogada del exfuncionario, quien se quejó de la forma en que se ha llevado el proceso, el cual calificó de violatorio de la ley.
Dijo que personal a cargo del allanamiento no le permitió penetrar a la vivienda, pero que en un momento se coló y pudo ver a Hugo Beras, quien estaba esposado.
Expresó que, a pesar de sus exigencias, nunca le fue mostrada la orden de allanamiento ni la orden de arresto contra su cliente, la cual dijo que éste le dijo que vio, pero que no ha firmado nada.
El allanamiento se produce en medio de una investigación por el contrato que firmó el Intrant durante la gestión de Beras con la empresa Transcore Latam para modernizar la red semafórica de la ciudad. El contrato fue anulado luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas denunciara presuntas irregularidades en el mismo.
Sin embargo, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, explicó que la licitación y contratación de Transcore Latam fueron validadas por las instituciones correspondientes desde el inicio.
Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, Beras defendió la transparencia del proceso y aseguró que tanto la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) como la Contraloría General de la República aprobaron cada paso.
“Para hacer una licitación, la Dirección de Compras y Contrataciones tiene que validar todo. Para hacer un contrato, tenemos una unidad de control interno de la Contraloría que también tiene que aprobarlo”, señaló el exfuncionario.
Reafirmó que todo el proceso estuvo bajo el control de las entidades del Estado.
Durante su intervención, explicó que tras la adjudicación del contrato, recibió una comunicación de la DGCP el 26 de octubre de 2023, en la que se le hicieron varios señalamientos.
“Me sorprendió porque el contrato ya había sido adjudicado y validado. De repente me llega esta comunicación con advertencias, y yo me pregunto: ¿Qué está pasando?”.
Sostuvo que aunque se le dio un plazo de cinco días laborables para responder, Compras y Contrataciones convocó una rueda de prensa antes de culminar el plazo, haciendo públicas las supuestas irregularidades en el proceso.
Explicó que en ese momento se dio cuenta de algo no estaba bien y se comunicó con su abogada y se retiró de la institución.
Beras cuestionó que, a pesar de estar involucradas, tanto la DGCP como la Contraloría estuvieran evaluando el proceso.
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