SANTO DOMINGO- El Senado envió este miércoles a estudio de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos, con un plazo fijo de una semana, el proyecto de resolución donde se solicita al presidente Luis Abinader suspender el pago de siete mil millones de pesos por el denominado “peaje sombra” correspondiente al año 2021, y agilizar la renegociación del contrato de la Autopista del Nordeste o Juan Pablo II.
La iniciativa es autoría del senador por la provincia Samaná, Pedro Catraín, quien pidió al presidente en funciones Santiago José Zorrilla (El Seibo), que la iniciativa sea enviada a la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de una semana, moción que fue acogida por sus pares presentes en la sesión.
La pieza señala en su cuarto considerando que la concesión del contrato de la carretera Santo Domingo-Samaná tiene vicios de origen que pueden constatarse en la carta y sus anexos enviados al Congreso Nacional en el año 2008 por el Poder Ejecutivo, incluyéndose en uno de sus anexos en estudio de tráfico vehicular elaborado en el año 2005 por la empresa The Louis Berger Group & Asociados, y que fue certificado por el entonces secretario de Obras Públicas.
También en su artículo quinto refiere que, según el estudio citado, el tráfico prometido diario fue estimado en 24,881 vehículos para el año 2016 cuando en realidad ese año circularon por esa vía solo 10,284 vehículos, lo que significa una sobreestimación de 142 %, recursos que el Estado dominicano está obligado a cubrir.
El proyecto indica también que el gobierno y la compañía concesionaria pactaron un contrato por un plazo de 33 años de los cuales los primeros tres años serían para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos exclusivas de la entidad privada, incluyendo el control absoluto del precio del peaje y el conteo del tráfico vehicular.
Expone también que el contrato dispone que, si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de peaje durante la operación fuera inferior al ingreso garantizado, el Estado compensará la diferencia al concesionario.
Estas son las cláusulas que abrieron las puertas al denominado “peaje sombra” bajo el supuesto de garantizar el equilibrio económico de este proyecto firmado en agosto del año 2005 y enero del 2006.
El senador Ricardo de los Santos intervino en la sesión para hacer un llamado a la procuradora general de la República, Miriam Germán, para que se cumpla con el artículo 45, numeral 2, del Código Penal, que establece que toda sanción que no sea privación de libertad perime a un año.
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